Fedecámaras y la OIE rechazan la violación de Derechos Humanos en Nicaragua

Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS), respalda el comunicado emitido por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), donde manifiestan su preocupación por los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, detenciones arbitrarias, hostigamientos cometidos y toma de tierras por parte de grupos paramilitares y grupos de terceros armados que, con total impunidad, intimidan y reprimen de forma directa al sector privado.

Al igual que a la OIE nos preocupa que la situación continúa deteriorándose. Urge poner fin a la violencia, represión y detenciones arbitrarias por parte del Gobierno de Nicaragua.

Comunicado completo de la Organización Internacional de Empleadores (OIE)

La OIE rechaza la grave situación de violación de Derechos Humanos en Nicaragua y urge al Gobierno a impedir las invasiones de tierras del sector privado.

Con extrema preocupación, la Organización Internacional del Empleadores (OIE) ha tomado conocimiento del deterioro de la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua. Son de especial preocupación los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, detenciones arbitrarias, hostigamientos cometidos y toma de tierras por parte de grupos paramilitares y grupos de terceros armados que, con total impunidad, intimidan y reprimen de forma directa al sector privado. De hecho, desde la primera semana de junio, se constata un incremento desmedido de invasiones de fincas del sector privado al margen de la ley y vulnerando el derecho de la propiedad privada. Estas invasiones afectan principalmente al sector agrícola y a los locales comerciales.

Fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que, entre otros organismos, dio la voz de alarma sobre la grave situación en el «Informe de País», publicado el 22 de junio de 2018. Lejos de corregirse y superarse, la situación continúa deteriorándose, profundizándose y extendiéndose. Por ello, la comunidad internacional, entre la que se incluye la Unión Europea, se ha pronunciado y ha hecho un llamamiento firme para poner fin a la espantosa pérdida de vidas. También se ha exhortado al Gobierno de Nicaragua al «fin inmediato de la violencia, la represión y las detenciones arbitrarias, y a que se respeten las libertades fundamentales».

En ese mismo contexto, cabe destacar que el Consejo Permanente de la OEA, en su reciente reunión del 17 julio de 2018, emitió una Resolución por la cual reitera «su enérgica condena y su grave preocupación por todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua, según lo documentado por la CIDH». También urge al Gobierno de Nicaragua y a todas las partes a que participen «activamente y de buena fe» en el Diálogo Nacional como un mecanismo para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia en el país.

Por lo expuesto, la OIE se solidariza y reitera su apoyo al Consejo Superior de la Empresa Privada (COESP), miembro de la OIE en Nicaragua y, en particular, su labor en el seno del Diálogo Nacional como miembro de la Alianza por la Justicia y la Democracia. La OIE hace un enérgico llamado al Gobierno de Nicaragua para que aplique las 15 Recomendaciones de la CIDH y del Consejo Permanente de la OEA sin demora. También le insta a que impida, con carácter prioritario, nuevas invasiones de fincas del sector privado al margen de la ley y vulnerando el derecho de la propiedad privada, y a que tome las medidas necesarias para que las tierras invadidas sean restituidas a sus propietarios. Se trata de pasos firmes e inequívocos para alcanzar la justicia y la democracia en Nicaragua

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La Organización Internacional de Empleadores (OIE) es la red más amplia del sector privado del mundo, con una gama de más de 150 empresas y organizaciones miembro. Representa a la voz de las empresas en cuestiones de política social y laboral en debates con la Organización Internacional del Trabajo, la ONU y el sistema multilateral, los foros del G20 y otros procesos emergentes.